EL CONGRESO NACIONAL DE INSTRUCCIÓN
PÚBLICA DE 1889
REBECA BALLÍN RODRÍGUEZ
Durante el siglo diecinueve el Estado liberal mexicano, encabezado por Porfirio Díaz,
estuvo impregnado de un ambiente modernizador, como parte de ese proceso de
construcción nacional y progreso, la educación no fue la excepción, y fue parte
fundamental del proyecto modernizador porfirista. Ello hizo necesario replantear la función
del Estado en materia educativa; así, se buscó adecuar la educación a las nuevas
necesidades y encaminarla hacia fines nacionalistas.
El país intentaba definirse como una nación moderna dentro del contexto mundial
del capitalismo, para ello, se utilizó la educación como el factor central de unidad. La
instrucción era el medio para combatir el analfabetismo y para formar hombres leales al
Estado, por lo que se hizo necesario que el proyecto educativo nacional del porfiriato
ordenara y unificara las distintas propuestas hechas por teóricos, pedagogos, hombres de
estado, profesores y juristas.
Es en este contexto que se hizo necesaria la convocatoria de una reunión especial, el
Congreso Nacional de Instrucción Pública (CNIP) de 1889-1890,1 éste fue el foro adecuado
para discutir los aspectos educativos. En dicho evento se diagnosticó la situación de la
educación y se definieron los lineamientos y las políticas que tenían que seguirse en materia
educativa durante el porfiriato. Se calificó la realidad educativa, cuyo rasgo distintivo era la
1
desorganización, pues no existía homogeneidad en leyes, reglamentos, sistemas
escolarizados, métodos y programas. En síntesis, no había acuerdos precisos en materia
educativa. Prueba de ello era que en cada estado del país se establecían los parámetros que
se creían adecuados para la enseñanza. Además que la diversificación y la competencia de
las distintas instituciones de enseñanza fue constante, así encontramos que
Los establecimientos de beneficencia sostienen escuelas que están
sometidas á la Secretaría de Gobernación; la Escuela Militar está sujeta
á la de Guerra; la de Minas y Agricultura pertenece al Ministerio de
Fomento; la mayor parte de las primarias corresponden al
Ayuntamiento; en los Estados sucede otro tanto con las que sostienen
los gobiernos locales, y las que están á [sic] cargo de los municipios.
Así, pues, difícilmente se pueden obtener datos respecto de las
instrucción pública en el país, y mucho ménos [sic] imprimirle un
impulso uniforme y vigoroso.2
Consciente de esta situación de desorden el Estado mexicano necesitaba organizar
las actividades educativas en una sola dirección y trazar políticas que le permitieran
consolidarse como una nación desarrollada y progresista, en el marco que le imponía
formar parte de los países capitalistas. Así el primer paso fue buscar la uniformidad de los
sistemas educativos. Este deseo de homogeneizar la enseñanza se hizo tangible en 1889 con
la convocatoria de todas las entidades federativas al Primer Congreso Nacional de
Instrucción Pública. Joaquín Baranda, ministro de instrucción pública, como representante
2
del Estado encabezó la reunión. Al igual que en otros aspectos del país, en el ámbito
educativo se hizo presente la influencia francesa. El Congreso de Instrucción3 se inspiró en
las ideas de Jules Ferry y en el Congreso Pedagógico que éste había organizado en Francia
en el año de 1880.
Dicho afrancesamiento se hizo patente en el campo educativo, sobre todo referente a
la organización de la instrucción, así se leía en la prensa de la época:
Los franceses han entendido como nadie lo que quiere decir educacion
[sic], porque al educar le llaman elevar; que es el modo seguro de ir
salvando á los pueblos, cuando la educacion [sic] no es nominal,
retórica é incompleta[…].4
De este modo la reunión nacional surgió para hacer frente a la situación de
desorganización que existía en el terreno educativo, se justificaba, así, en un primer
momento, la convocatoria del Primer Congreso pues
A las dispersas actividades educativas debía de dárseles, decía la
convocatoria, “cohesión y uniformidad, porque los esfuerzos aislados,
nunca son bastante eficaces, y la acción común, ejercida en forma análoga
y por idénticos medios, conducirá infaliblemente al éxito más lisonjero.
[...] en casi todos los ramos de la administración puede reconocerse
fácilmente que domina un espíritu de unidad nacional. Sólo en lo
concerniente a la enseñanza oficial, no se ha llegado todavía a esa
uniformidad, y esto ocasiona y seguirá ocasionando graves dificultades a
3
la enseñanza en general, y particulares y notorios perjuicios a los
profesores y alumnos.5
En un segundo momento, respondía al ejemplo de modernización y orden que se
venía gestando en el país durante el siglo diecinueve, pues se creía que la conformación de
un sistema nacional de educación popular fortalecería la unidad conseguida ya en algunas
áreas administrativas de la nación, muestra de dicho avance y unidad lo fueron:
La legislación civil y penal, uniforme en todo el país, los códigos de
Comercio y de Mineria [sic], así como diversas leyes reglamentos
fiscales, tambien [sic] uniformes en gran parte de los Estados, patentizan
la tendencia á llegar á una unidad nacional, que producirá grandes
ventajas en diversos ramos de la administración [sic].6
Sin embargo, para el rubro educativo, no existían leyes homogéneas, ni un orden
común para la instrucción, ya que en los estados de la República, las disposiciones tomadas
respecto a la instrucción dependían en la mayoría de los casos de los Ayuntamientos y sus
consejeros, ello ocasionó que cada vez que se renovaba ésta institución, se modificaran
también los acuerdos para la instrucción, dificultando la continuidad y la organización de la
educación. Para terminar con esta anarquía se exhortó a los estados, al gobierno del Distrito
Federal y Territorios a uniformar su legislación y sus reglamentos escolares. A nombre del
ejecutivo federal, el ministro Joaquín Baranda, convocó al Congreso de Instrucción,
invitando a los gobernadores a que nombraran a un representante para que asistiera a la
4
asamblea que se llevó a cabo en la capital de la República, del 1º de diciembre de 1889 al
31 de marzo de 1890.7
En el Congreso de Instrucción se acometió discutir y resolver las cuestiones
educativas necesarias para el mejor desarrollo del país con el objetivo central de hacer de la
instrucción el factor originario de unidad nacional así como base de toda prosperidad y de
todo engrandecimiento. Para conseguir esto había que lograr la meta propuesta por el
Congreso; la uniformidad de la enseñanza elemental en el país, bajo tres premisas
fundamentales: gratuidad, obligatoriedad y laicidad.8
[...] La uniformidad se consideraba instrumento de unidad nacional, en
cuanto a través de teorías y practicas uniformes, se instalarían en la niñez
y juventud mexicanas los conocimientos, actitudes y valores propios de
su identidad nacional.9
Para lograr la uniformidad de la instrucción e inculcar los nuevos valores al
ciudadano mexicano, no bastó con la organización y la reforma de planes y programas
comunes; se hacía necesaria la formación de los maestros, ya que eran ellos los encargados
de aplicar los nuevos conocimientos y de transmitir el ideal del Estado porfiriano con su
enseñanza por todo el país. En el fondo, se trataba de igualar un discurso nacional que
justificara al Estado liberal.
Sin embargo, conseguir la unidad nacional propuesta por el Estado tenía algunas
limitaciones como el nivel educativo desigual10 en los estados, los ingresos destinados para
financiar la educación, además de la diversidad de clases que habitaban a lo largo de la
República, siendo mayoritaria la clase indígena, considerada a menudo como un obstáculo
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